La Ley 7/2022 de la socialista Teresa Ribera es una ley que no respeta la autonomía municipal. Claro que el PSOE no se distingue precisamente, y el sanchismo menos aún, por respetar nada que le moleste en su afán recaudatorio, extractivo y expansivo. Así, Pedro Sánchez ha obligado a todos los municipios de España a imponer un tasazo a las basuras.
Desde el PSOE en los municipios se amparan en que la tasa sería cosa de la Unión Europea, habiéndose limitado Ribera a trasladarla a la legislación nacional. Es mentira. Otros países de nuestro entorno, como Holanda, no van a aplicarla. La Unión Europea no ha impuesto a los países miembros cómo desarrollar las políticas aprobadas en su directiva que, entre otras cuestiones beneficiosas para todos, busca lograr un 50% de reciclaje para 2030.
Así, en el artículo 11 de la mencionada Ley 7/2022, se impone a los ayuntamientos la obligación de establecer una tasa que “refleje el coste real directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos”. Es decir, la recogida de los residuos sale fuera de los presupuestos municipales y la tasa se impone por Ley. Esto vulnera el artículo 140 de nuestra Constitución, que consagra la autonomía de gestión de las entidades locales, al intervenir directamente en las cuentas municipales y en competencia propia municipal.
Como en Torrelodones respetamos jerarquías y leyes, no nos queda más remedio que aplicar el despojo legal sanchista. A diferencia de otros municipios de nuestro entorno, no lo haremos hasta 2025 y contemplaremos la posibilidad, establecida en la misma Ley, de bonificar a las familias, basándonos en el principio de “quien contamina paga” que establece ésta. Eso sí, en nuestro recibo figurará claramente de dónde viene este impuesto que, si pudiéramos, quitaríamos.
